El próximo martes se celebrará en Córdoba el “Día de la Industria Minera”, instituido porque un 7 de mayo la Asamblea Constituyente de 1813 sancionó la primera “Ley de Fomento Minero”. La elección de la provincia mediterránea no es casual, pero llamó la atención, por ser una provincia ajena a la minería metalífera, aunque muy relevante en la de roca, la más antigua del país y la más afectada por el corte de la obra pública nacional.

Córdoba es una provincia clave por peso económico, político y territorial y porque fue elegida por el gobierno de Javier Milei para la firma del llamado “Pacto de Mayo”, que el sector minero, a través de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) fue uno de los primeros en apoyar, del mismo modo que ahora pugna para que el Senado apruebe la “ley Bases” que recibió media sanción de Diputados e incluye algo crucial para la minería: el llamado “Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones” (RIGI).

Entre otros beneficios, el RIGI, que la exsecretaria de Minería, Flavia Royón, instó a celebrar como un Happy Hour de proyectos por un período de dos años, concede a las inversiones de entre USD y 900 millones encuadradas como “Vehículos de Proyecto Único” (VPU), una serie de beneficios útiles “al posicionamiento de largo plazo en los mercados globales en los que Argentina aún no cuente con participación”.

Las ventajas incluyen la reducción a 25% de la alícuota de Ganancias (en lugar de la escala progresiva de 25, 30 y 35%), amortización acelerada de bienes de capital y de uso, actualización de quebrantos impositivos, alícuota reducida del 7% para utilidades distribuidas (y del 0% si son reinvertidas durante al menos tres años), aplicación del Impuesto al Cheque como “pago a cuenta” de Ganancias, desgravación de ciertos servicios -contratos de ingeniería, construcción y transporte internacionales-, certificados de crédito fiscal por el IVA de compras, exención del pago de aranceles a la importación y de retenciones a la exportación, a partir del segundo año para “exportaciones estratégicas” y del tercero para las restantes.

La frutilla del postre es la exención de restricciones comerciales y cambiarias. A los VPU que ingresen al régimen no se les podrán fijar límites para exportar o importar y tendrán libre disponibilidad de divisas, quedando exceptuados de liquidar en el mercado de cambios la totalidad de sus exportaciones a partir del tercer año de realizada la inversión comprometida.

Aunque el RIGI despertó críticas del sector pyme e incluso de la Unión Industrial Argentina (UIA). Roberto Cacciola, presidente de CAEM, lo defendió enfáticamente.

En 2023 Argentina fue el séptimo país del mundo en exploración minera. Pero necesita explorar mucho más si quiere seguir produciendo oro, que en 2023 aportó 57% de las exportaciones mineras.

La norma, destacó Cacciola, “no incluye ninguna ventaja que los proveedores locales no tengan ya a través de la ley de fomento a las inversiones mineras”, pero está por verse si los gobernadores de provincias mineras que están a favor de la sanción de la ley lograrán persuadir a los legisladores nacionales de sus provincias de votar a favor. Una muestra al respecto es Catamarca, cuyo gobernador, Raúl Jalil, expresó su apoyo, pero la senadora Lucía Corpacci, de su partido, adelantó que votará en contra de la Ley Bases y en consecuencia del RIGI.

En un anticipo de lo que se celebrará en Córdoba, la CAEM precisó en un informe que solo en cobre hay proyectos de inversión en espera por “al menos” USD 20.000 millones, que posicionarían a la Argentina como sexto productor mundial (detrás de Chile, Perú, Congo, China y EEUU) del mineral más ubicuo y demandado de la transición energética, con una producción de más de un millón de toneladas hacia 2030.

Se trata de un sector, precisa el informe, que en 2023 pagó impuestos locales por $342.000 millones, realiza el 80% de sus compras a proveedores locales, mantiene cerca de 40.000 puestos de trabajo directos con remuneraciones promedio muy superiores a la media del país y entre empleo directo e indirecto alcanza a unas 100.000 personas, que aumentarían a 180.000 personas hacia 2032.

Las inversiones no serán necesariamente con empresas canadienses. En octubre de 2023, un consorcio de dos empresas chinas y una tailandesa anunció que invertiría USD 1.000 millones en la explotación de litio de Salinas Grandes, mientras que dos meses antes la petrolera nacional YPF y la china Shangdong Kerui firmaron un acuerdo para extraer litio del noroeste argentino por USD 500 millones. La chilena SQM, el fabricante de autos eléctricos Tesla y la australiana Orocobre (dueña de la salar de Olaroz) ya están instalados en la región.

La gran apuesta de la minería argentina, sin embargo, es el yacimiento de cobre, oro y plata de Taca Taca, en el noroeste de Catamarca, donde en septiembre de 2022 el presidente Alberto Fernández prometió la “primera piedra” para el primer trimestre de 2023.

En 2023 Argentina fue el séptimo país del mundo en exploración minera

Hasta ahora, a tres meses del vencimiento del mandato, lo único que se instaló fue una placa que indica que ahí, donde está el campamento de exploración de la empresa canadiense First Quantum, habrá un parque solar. La gobernación del PJ de Jalil que acompaña el reclamo de la empresa extranjera se desentiende aduciendo que la jurisdicción corresponde a Antofagasta de la Sierra, que no tiene electricidad ni agua potable y vive en la pobreza, mientras que el intendente de Catamarca capital, Gustavo Saadi, del Frente de Todos, critica a la empresa que explota el litio y a la que no termina de explotar el cobre porque “no tiene un compromiso social” y asegura que “quiere ganar dinero rápido”.

El no desarrollo de Taca Taca provocó también la demora de la creación de la empresa pública minera, cuyo proyecto enviado en 2022 al Congreso aún no tiene tratamiento legislativo. El presidente de CAEM prometió que en el Día de la Industria Minera se anunciará la creación de la Sociedad del Estado de Minería (SEM), que permitirá un “mayor control del Estado” sobre la actividad y, mediante el control de tierras fiscales “asegurar el interés público” y “la sustentabilidad”.

Taca Taca, que está a una altitud de 4.200 metros, tiene reservas de 7,6 millones de toneladas de cobre, 6,5 millones de onzas de oro y 23,2 millones de onzas de plata. En febrero de 2022, el Gobierno cerró un acuerdo de entendimiento para el desarrollo del proyecto por USD 3.000 millones con la británica Glencore, que ya se bajó de la negociación y con la china CITIC, que hizo lo propio por el mismo motivo.

Aunque en la última semana se informó de un “principio de acuerdo” de First Quantum con el Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) para el financiamiento de USD 2.000 millones, se sigue a la espera de que el Banco de China y el Banco de Desarrollo de China (CDB) confirmen que aportarán el resto del financiamiento que en el gobierno de Fernández creen innecesario.